Las cuotas femeninas en Europa

El último informe del Fondo Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) revela que en el índice sobre igualdad de género en España ha caído 14 puestos (del 12 al 26). Este “Informe Global sobre Desigualdad de Género 2012”, califica a los países en función de sus esfuerzos y capacidad para remover la brecha de género, mediante la identificación de cuatro áreas estratégicas: acceso a la salud, a la educación, la participación política y la igualdad económica. Evaluados 135 países, es Islandia el país que consigue la máxima nota, frente a Yemen, que obtiene la más baja. Según dicho análisis, sólo los países nórdicos han logrado combinar la participación laboral de las mujeres, las oportunidades para ocupar puestos de decisión en empresas y política, las menores diferencias salariales entre sexos y una distribución equitativa de las responsabilidades familiares y domésticas. Con todo, reconoce que no se ha alcanzado la igualdad en ningún país del mundo.

El mismo día que se conocía este informe, Bruselas paralizaba la propuesta, liderada por la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia Viviane Reding, para imponer cuotas de presencia femenina en los Consejos de Administración de las grandes empresas. El colegio de comisarios europeos ya había manifestado su rechazo a una iniciativa que pretendía mejorar la presencia de mujeres en los órganos de decisión empresariales, que en la actualidad es inferior al 14%. Asimismo, países miembros como Reino Unido, Holanda, Bulgaria, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría y Malta se habían negado de plano a secundar una Directiva que pretendía entrar en vigor en 2020. Por otro lado, los servicios jurídicos de la Comisión determinaron que una norma europea no podía imponer cuotas a los estados miembros, de forma que únicamente podía fijar los medios para alcanzar determinados objetivos. Por primera vez un asunto ha sido sometido a votación, rompiendo con una práctica de aprobación de las propuestas por unanimidad.

 

La iniciativa de Reding era una respuesta al fracaso de autorregulación propuesto anteriormente, cuando se animó a las grandes empresas europeas a firmar un acuerdo voluntario de incremento de presencia femenina en sus Consejos de Administración de aquí a 2020. La comisaria había esgrimido informes de grandes firmas como Deutsche Bank, McKinsey o Ernst & Young para defender la presencia de mujeres y también señaló que ellas son el 60% de personas con título universitario por lo que considera “una cuestión de justicia que los números se reflejen también en puestos de responsabilidad”. No tuvo éxito. En la misma línea, estudios como las cuatro ediciones del informe de la consultora McKinsey, sugieren que las empresas con hombres y mujeres en la cúpula obtienen mejores resultados que aquellas en las que no hay mujeres. Así que, en tiempos de recesión económica, el asunto supera la cuestión de justicia.

También en España ha fracasado la autorregulación: la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, de 2007, recomienda (no obliga ni prevé sanciones) a las sociedades del Ibex 35 y las empresas con más de 250 personas en plantilla, a incluir un 40% de mujeres en sus Consejos de Administración. En 2011, el porcentaje de mujeres era del 10,8%.

La política nos demuestra, una vez más, que la igualdad de género ni está en la agenda ni se considera prioritaria y/o necesaria, a pesar de que pocas personas se atreven a negarla hoy en Europa. Todo el mundo parece estar de acuerdo con que la igualdad es un principio democrático incuestionable. Pero luego, la mayoría se oponen a los instrumentos que permitirían alcanzarla. O estamos por la igualdad o contra ella, no existen posiciones intermedias. Si los informes revelan que existen brechas de género (que además están aumentado en el siglo XXI en lugar de disminuir) no es posible oponerse a mecanismos que permitan remover esa brecha. Es esta una nueva forma de machismo: hablar de igualdad teórica y negar la igualdad real mediante la descalificación de los instrumentos de corrección.

El hecho es que en las estructuras jerárquicas empresariales, cuanto más arriba se sube, menos mujeres se encuentran, salvo en el caso de que sus apellidos coincidan con los de la familia propietaria.  Sin embargo, el debate sobre la existencia de cuotas femeninas es ya muy antiguo y recurrente. Las mujeres suelen rechazarlas porque no quieren que nadie dude de sus cualidades, los varones suelen negarlas para no perder privilegios. Quienes rebaten las cuotas aseguran que las personas deben prosperar únicamente por sus méritos, invisibilizando que no todos los individuos se encuentran en la misma posición social, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Las inercias sexistas (como las xenófobas entre otras) no desaparecen mágicamente. Todos los indicadores de género nos ofrecen una fotografía que cambia poco: existen resistencias al acceso de las mujeres a espacios tradicionalmente masculinos (como el poder) por lo que las candidatas no están en la misma posición de salida. Sugerir que las que tienen méritos llegarán por sí mismas, mediante su talento, es lo mismo que sostener que la igualdad de género ya existe y que por tanto se puede dirimir la tensión en el terreno objetivo. Sin embargo, ningún informe económico, social o político ha admitido todavía que dicha igualdad haya llegado (en ningún lugar del mundo).

La infrarrepresentación femenina en puestos con poder habla por sí misma. Argumentar que las mujeres que aceptan las cuotas son todas incompetentes, otra respuesta habitual, agrede a la inteligencia: si las mujeres europeas, en menos de un siglo y a pesar de los obstáculos, han sido capaces de obtener más de la mitad de los títulos universitarios, seguramente no ha sido por falta de capacidad sino todo lo contrario. El hecho es que, allí donde no hay mecanismos de corrección, las mujeres no alcanzan la representación que merecen por justicia y por talento. Y no lo hacen porque existen obstáculos sexistas que se lo impiden. Todo lo demás es demagogia.