Savita Halappanavar murió en
Irlanda porque se negaron a realizarle un aborto terapéutico, aunque el
diagnóstico médico había determinado que el feto era inviable y no podía
sobrevivir. La mujer, una dentista de 31 años, estaba embarazada de 17 semanas
y, al no ser sometida a la interrupción, murió de septicemia. No sucedió hace
un siglo sino hace menos de un mes. No ha sido en un país de esos que no le
importan a nadie, por pobres y faltos de desarrollo, sino que ha sido en la
misma Unión Europea. Halappanavar murió por fanatismo y por violencia
estructural, porque en Irlanda, país europeo, los derechos de las mujeres valen
menos. Un fanatismo que, ante un feto inviable pero que late, deja morir a una
mujer sana que clamaba para ser salvada mientras la medicina, que podía haberlo
hecho, se limitó a mirar cómo agonizaba. Y este fanatismo lo ejercen en ese
país en nombre de la ley.
En España, el ministro de
Justicia pretende que nos equiparemos a Irlanda (e incluso ha apelado a la
violencia estructural) y que las mujeres no puedan decidir por sí mismas, ni
siquiera cuando la malformación fetal es tan grave que es incompatible con la
vida y sin tener en cuenta que ese supuesto es, probablemente, el que genera
más consenso de todos los posibles para interrumpir un embarazo. Dada la
posición expresada, supongo que a Ruiz Gallardón no le importará sacrificar a
las madres por el “bien” de un no nacido que no podrá sobrevivir. El hecho es
que el proyecto que pretende sacar adelante nos sitúa en la cola de Europa en
los derechos reproductivos y devuelve a las mujeres a una época ominosa.
Teresa Fernández Paredes,
abogada de la Women’s Like Worldwide, lo explicaba claramente en The Huffington
Post hace unos días: el ministro pretende atacar los derechos de las
mujeres acogiéndose a supuestos estándares de derechos humanos de Naciones
Unidas, en lo que constituye una estratagema para intentar vestir con
argumentos jurídicos lo que son ideologías morales. La letrada, cuyo texto recomiendo,
explica en su artículo que existen seis Comités en Naciones Unidas que han
declarado el aborto como un derecho sexual y reproductivo: “Las recomendaciones
son claras: no sólo no buscan la prohibición o restricción del aborto y de los
derechos sexuales y reproductivos, sino que los reconocen tanto directa como
indirectamente, incluido el supuesto de malformación del feto”. Ruiz Gallardón
ha intentado “colar” una recomendación de un séptimo comité, el de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, como si éste hubiera solicitado retirar la
causa de malformación para abortar cuando lo que hizo fue sugerir la
eliminación de una excepción en cuanto al plazo.
Esos seis comités de Naciones
Unidas han expresado claramente que la prohibición de aborto en caso de
malformación “constituye un trato cruel, inhumano y degradante” y es “una
violación del derecho a estar libre de tortura y de tratos crueles, inhumanos y
degradantes”. Además, todos han manifestado su preocupación por los abortos
ilegales o inseguros, directamente relacionados con las tasas de mortalidad
materna, de ahí que feliciten a los países cuyas legislaciones protegen los
derechos reproductivos de las mujeres.
En la misma línea, esta misma
semana se presentaba el Informe de Población Mundial 2012 que realiza el Fondo
de Población de Naciones Unidas. En él se asegura que los países con leyes más
restrictivas en el ámbito de los derechos reproductivos, son los que presentan
mayor índice de abortos. También señala el informe que, mediante el uso de
métodos anticonceptivos modernos y una adecuada planificación familiar, se
podrían evitar 24 millones de abortos al año. Negar el acceso a
anticonceptivos, por el contrario, aumenta la pobreza, la exclusión social, la
precariedad sanitaria y la desigualdad de género. Sin embargo, 222 millones de
mujeres no pueden decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desean tener.
La vía de la prohibición nunca
ha sido el camino para reducir situaciones que preferiríamos que no existiesen.
Es la información y las garantías legales y sanitarias lo que puede producir
cambios positivos. Pero el ministro de Justicia parece no haberse enterado
tampoco de esto, a pesar de que tanto menciona los informes de Naciones Unidas
para justificar su retrógrado y reaccionario proyecto de legislación sobre la
interrupción del embarazo. Es más, según nos recuerda Fernández Paredes, los
países que tomen decisiones legislativas que disminuyan derechos sociales
adquiridos (como los derechos sexuales y reproductivos) pueden incurrir en la
violación de compromisos internacionales ratificados por nuestro país, como el
principio internacional de derechos humanos de “no regresividad”.
Si son los tratados
internacionales los que sustentan la argumentación del ministro de Justicia,
deberían ser todos ¿o sólo los que le interesan para sus fines y que además
malinterpreta? Espero que el ministro conozca la terrible historia de
Halappanavar, al menos no podrá decir que no sabía lo que hacía si finalmente
modifica la legislación.
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