jueves, 15 de noviembre de 2012

Los derechos reproductivos y el fanatismo


Savita Halappanavar murió en Irlanda porque se negaron a realizarle un aborto terapéutico, aunque el diagnóstico médico había determinado que el feto era inviable y no podía sobrevivir. La mujer, una dentista de 31 años, estaba embarazada de 17 semanas y, al no ser sometida a la interrupción, murió de septicemia. No sucedió hace un siglo sino hace menos de un mes. No ha sido en un país de esos que no le importan a nadie, por pobres y faltos de desarrollo, sino que ha sido en la misma Unión Europea. Halappanavar murió por fanatismo y por violencia estructural, porque en Irlanda, país europeo, los derechos de las mujeres valen menos. Un fanatismo que, ante un feto inviable pero que late, deja morir a una mujer sana que clamaba para ser salvada mientras la medicina, que podía haberlo hecho, se limitó a mirar cómo agonizaba. Y este fanatismo lo ejercen en ese país en nombre de la ley.

En España, el ministro de Justicia pretende que nos equiparemos a Irlanda (e incluso ha apelado a la violencia estructural) y que las mujeres no puedan decidir por sí mismas, ni siquiera cuando la malformación fetal es tan grave que es incompatible con la vida y sin tener en cuenta que ese supuesto es, probablemente, el que genera más consenso de todos los posibles para interrumpir un embarazo. Dada la posición expresada, supongo que a Ruiz Gallardón no le importará sacrificar a las madres por el “bien” de un no nacido que no podrá sobrevivir. El hecho es que el proyecto que pretende sacar adelante nos sitúa en la cola de Europa en los derechos reproductivos y devuelve a las mujeres a una época ominosa.

Teresa Fernández Paredes, abogada de la Women’s Like Worldwide, lo explicaba claramente en The Huffington Post hace unos días: el ministro pretende atacar los derechos de las mujeres acogiéndose a supuestos estándares de derechos humanos de Naciones Unidas, en lo que constituye una estratagema para intentar vestir con argumentos jurídicos lo que son ideologías morales. La letrada, cuyo texto recomiendo, explica en su artículo que existen seis Comités en Naciones Unidas que han declarado el aborto como un derecho sexual y reproductivo: “Las recomendaciones son claras: no sólo no buscan la prohibición o restricción del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos, sino que los reconocen tanto directa como indirectamente, incluido el supuesto de malformación del feto”. Ruiz Gallardón ha intentado “colar” una recomendación de un séptimo comité, el de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como si éste hubiera solicitado retirar la causa de malformación para abortar cuando lo que hizo fue sugerir la eliminación de una excepción en cuanto al plazo.

Esos seis comités de Naciones Unidas han expresado claramente que la prohibición de aborto en caso de malformación “constituye un trato cruel, inhumano y degradante” y es “una violación del derecho a estar libre de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además, todos han manifestado su preocupación por los abortos ilegales o inseguros, directamente relacionados con las tasas de mortalidad materna, de ahí que feliciten a los países cuyas legislaciones protegen los derechos reproductivos de las mujeres.

En la misma línea, esta misma semana se presentaba el Informe de Población Mundial 2012 que realiza el Fondo de Población de Naciones Unidas. En él se asegura que los países con leyes más restrictivas en el ámbito de los derechos reproductivos, son los que presentan mayor índice de abortos. También señala el informe que, mediante el uso de métodos anticonceptivos modernos y una adecuada planificación familiar, se podrían evitar 24 millones de abortos al año. Negar el acceso a anticonceptivos, por el contrario, aumenta la pobreza, la exclusión social, la precariedad sanitaria y la desigualdad de género. Sin embargo, 222 millones de mujeres no pueden decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desean tener.

La vía de la prohibición nunca ha sido el camino para reducir situaciones que preferiríamos que no existiesen. Es la información y las garantías legales y sanitarias lo que puede producir cambios positivos. Pero el ministro de Justicia parece no haberse enterado tampoco de esto, a pesar de que tanto menciona los informes de Naciones Unidas para justificar su retrógrado y reaccionario proyecto de legislación sobre la interrupción del embarazo. Es más, según nos recuerda Fernández Paredes, los países que tomen decisiones legislativas que disminuyan derechos sociales adquiridos (como los derechos sexuales y reproductivos) pueden incurrir en la violación de compromisos internacionales ratificados por nuestro país, como el principio internacional de derechos humanos de “no regresividad”.

Si son los tratados internacionales los que sustentan la argumentación del ministro de Justicia, deberían ser todos ¿o sólo los que le interesan para sus fines y que además malinterpreta? Espero que el ministro conozca la terrible historia de Halappanavar, al menos no podrá decir que no sabía lo que hacía si finalmente modifica la legislación.

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