Leo
en la prensa
que Estados Unidos iniciará una acción legal contra Standard & Poor’s
(S&P), una de las agencias de calificación de riesgos a la que se acusa de
un fraude que habría provocado pérdidas superiores a los 5.000 millones de
dólares. El Departamento de Justicia norteamericano, según recoge el diario El País, ha analizado millones de
correos electrónicos antes de interponer la demanda. Entre ellos, algunos
reveladores: “Espero que seamos ricos y estemos retirados cuando se caiga este
castillo de naipes”, escrito por un empleado en 2006.
La demanda se basa en que S&P
sabía que los activos que no tuvieran una calificación lo suficientemente alta,
no serían elegidos para invertir por parte de las instituciones financieras,
por lo que “inflaron” su calificación, engañando a los inversores a los que,
supuestamente, se facilitaba información objetiva, independiente y sin
conflictos de intereses.
Es sobradamente conocido que el
origen de la crisis financiera mundial que está estrangulando a personas y
países se inició en la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, alentada por
bajos tipos de interés y una oferta insaciable de crédito a la que favoreció la
desregulación financiera y la complicidad de los mecanismos reguladores, que
hicieron la vista gorda. Esa crisis se conoce, sobre todo, por las hipotecas
basura o subprime, hipotecas
concedidas a familias o personas en condiciones económicas inseguras, negocio
mucho más arriesgado pero que se compensaba cobrando tipos de interés más
altos.
Tal y como explican los
profesores Lina Gálvez y Juan Torres en un libro que releo estos días (Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis
financiera, Icaria, 2010), estas hipotecas subprime, con mayor riesgo de impago, se concedían a personas con
pocos recursos económicos, hasta el punto de que se popularizaron acrónimos
como NINJA (No Income, No Job and No
Asset; Sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio) para referirse a unas
operaciones que, a pesar de ser más arriesgadas, también eran más rentables.
Hoy sabemos que estos préstamos
eran la base de todo un paquetes piramidales que
incluían en un mismo producto tanto los activos de alto riesgo como otros de
bajo riesgo. Para favorecer este arte del engaño, se recurrió a las Agencias de
Calificación, entidades privadas que eran contratadas por las entidades
emisoras de títulos para valorar la calidad de sus emisiones. Dado que los
propios bancos eran quienes pagaban los informes, es fácil deducir la “independencia”
de aquellos diagnósticos que calificaban los productos de gran riesgo con la triple
A.
Lo antedicho es conocido pero a
los análisis suele escaparse un enfoque de género que sí utilizan Gálvez y
Torres en su texto, quienes recuerdan que los bancos negaban las hipotecas de
mejor calidad a los colectivos más vulnerables, para luego venderles los
préstamos subprime. A pesar de que,
en muchas ocasiones, contaban con ingresos similares a otros colectivos, las
hipotecas más ventajosas no se otorgaban ni a la población afroamericana, ni a
la latina, ni por supuesto a las mujeres, especialmente si eran negras, mayores
o estaban solas.
Diferentes organismos e
instituciones han demostrado que mujeres que estaban en la misma situación
económica que los varones, accedían a préstamos en peores condiciones
financieras: con mayores costes y a tipos de interés más elevados. Estas
prácticas abusivas se cebaron con las mujeres de más edad y las afroamericanas,
por ejemplo. Hay datos elocuentes: las mujeres negras habían suscrito el 48% de
los créditos de alto interés en 2006.
Pero las prácticas abusivas no se
quedan ahí, siguen teniendo consecuencias. Dichos grupos vulnerables, que
deseaban alcanzar cierta estabilidad económica mediante la compra de una
vivienda, hoy son quienes más dificultades tienen para hacer frente al pago de
la hipoteca, enfrentándose a una letra pequeña que, en su mayoría, desconocían.
Con la crisis (pérdida de empleos, disminución de los ingresos), las malas condiciones de crédito se están traduciendo en más
ejecuciones: dos tercios de las hipotecas ejecutadas por los bancos
estadounidenses corresponden a contratos suscritos por mujeres, el 90% de ellos subprime.
Agentes inmobiliarios y bancarios
se aprovecharon, sin pudor, de la mayor necesidad y la muy frecuente ausencia
de conocimientos financieros de esas personas, a quienes convencieron de que
jamás podrían conseguir un crédito convencional por lo que debían aceptar las
condiciones usureras que les ofrecían. Hoy se considera que el enorme avance
que supuso en los últimos veinte años el acceso femenino a la propiedad, puede
haberse anulado por esta política destructiva. ¿Cuál es la razón, se preguntan
Gálvez y Torres? Pura misoginia, responden. Así lo escribió The New York Times en un reportaje en el
que los brokers de hipotecas asumían
que “las mujeres negocian más confiadamente y así les ofrecían préstamos a
tipos más altos”.
Lo anterior es sólo una muestra
de una discriminación económica enorme: en todo el mundo, las mujeres
únicamente acceden al 3% de los préstamos bancarios. En España, los préstamos
que se conceden a las mujeres como primeras titulares son únicamente el 4% y,
como única titular, el 2%. El 95% de las cuentas bancarias en España tienen
como primer titular a un varón. Sugiero que, si no tenemos información,
empecemos a buscarla y que si pensamos que esto no nos atañe, cambiemos el enfoque. Porque, como todo lo demás, el dinero y las finanzas
también tienen género.
