jueves, 29 de noviembre de 2012

Trabajo a tiempo parcial y discriminación



Conocemos esta semana que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la legislación española sobre la jubilación contributiva de quienes trabajan a tiempo parcial (en su mayoría mujeres) es "discriminatoria". El fallo se debe a que la legislación española exige a quienes trabajan a tiempo parcial un periodo de cotización proporcionalmente mayor para acceder a una jubilación contributiva, una pensión cuya cuantía "ya ha sido reducida proporcionalmente a la parcialidad de su jornada" según recoge la sentencia. 
El sistema calcula el "día teórico de cotización" según las horas, lo que puede hacer necesario, tal y como recogía el diario El Mundo esta semana, necesitar unos 100 años de cotización para cubrir los 15 de mínimo que exige la ley para acceder a la prestación de jubilación. A ese día teórico de cotización, que equivale a 5 horas diarias de trabajo efectivo (1.826 anuales) se le aplica un coeficiente multiplicador (1,5). Como la legislación española computa exclusivamente las horas trabajadas (y no el periodo de cotización, o sea, los días trabajados), comporta una doble aplicación del principio de proporción. En suma, se exige más cotización a quienes trabajan a tiempo parcial, en inversa proporción a la reducción de su jornada, a pesar de que el importe de su pensión ya ha sido proporcionalmente reducido en función de la parcialidad de la jornada.
Lo anterior explica el caso de una mujer que, tras trabajar 18 años a tiempo parcial (4 horas a la semana) en el sector de la limpieza, vio negada su prestación de jubilación porque se le computaron menos de 3 años como efectivamente cotizados. Su caso motivó la respuesta del tribunal europeo.
Esta legislación, según la Corte europea, conlleva una "diferencia de trato" entre mujeres y hombres porque la mayoría de personas que firman estos contratos son mujeres, lo que las convierte en víctimas de una discriminación indirecta, tal y como ésta se define en la legislación europea y española. El Tribunal de Justicia recuerda que existe discriminación indirecta cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres. En España, destaca el tribunal, "al menos el 80% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres".
Marisa Soleto explicaba en un artículo en The Huffington Post que, a pesar de recibir advertencias sobre este trato discriminatorio, quienes deciden sobre pensiones en España hasta ahora no han querido escuchar. Para Soleto, se debe a la existencia de una concepción reduccionista del mercado laboral, que se entiende solo desde la plena disponibilidad. Así, se articulan los derechos sociales a partir de una definición de empleo que es incompatible con el desarrollo de las responsabilidades personales, familiares o ciudadanas. "Se discrimina a una gran parte de la población que no encaja con el modelo de trabajador plenamente disponible, lo que produce un efecto muy negativo sobre las oportunidades de las mujeres" escribe. 
La sentencia, argumenta esta autora, revela que la oferta de trabajo parcial (destinada mayoritariamente a las mujeres) no es más que una oferta de "segunda categoría" que, como consecuencia, no es apreciada ni por las empresas ni por las personas, de ahí que este tipo de contrato se ofrezca en puestos poco valorados y con pocas posibilidades de promoción.
Probablemente esta sentencia no tendrá una aplicación inmediata pero es interesante una cuestión más apuntada por el tribunal europeo: no hay ningún elemento que justifique que la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial sea "una medida efectivamente necesaria para alcanzar el objetivo de salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo", como defiende el Gobierno.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Hoy es 25 de noviembre, día para recordar que el machismo mata todos los días


Hoy es 25 de noviembre, un día que Naciones Unidas instauró en 1999 como Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Un día para recordar que ese drama sigue presente en nuestra sociedad. La violencia de género es una consecuencia de la desigualdad estructural y, para eliminarla, son necesarios esfuerzos en todos los ámbitos, incluyendo la escuela, esa escuela que en nuestro país asiste, desorientada, al aumento de la violencia machista entre las personas más jóvenes. 

No obstante, cuando se menciona la violencia contra las mujeres suele reducirse a la que padecen a manos de sus parejas o ex parejas que, siendo una de las manifestaciones más graves, no es la única que existe bajo la denominación de violencia de género. Como recuerda hoy la periodista y escritora Nuria Varela, “Los crímenes de honor, la mutilación genital femenina, las violaciones y la violación como arma de guerra, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, las bodas de niñas o lo que algunas autoras han denominado ginocidio refiriéndose al aborto selectivo de niñas o infanticidios de recién nacidas en algunos países de Asia, son solo algunos ejemplos”.

En efecto, una de las consecuencias de esta violencia genérica (esto es, contra las mujeres) es la desaparición de muchas. En su blog, Varela recuerda que: “Existen en todo el mundo, entre 113 y 200 millones de mujeres demográficamente desaparecidas. Cada año, entre 1,5 y 3 millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la violencia o el abandono por razón de su sexo. Como publicó hace años The Economist, ‘cada periodo de dos a cuatro años, el mundo aparta la vista de un recuento de víctimas equiparable al Holocausto de Hitler’”.

Pero hay más cuestiones que pueden y deben hacerse visibles. También hoy en el diario Público, Esther Vivas, miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la Universitat Pompeu Fabra, hace mención a la violencia económica cuyo rostro es también femenino. Vivas plantea la reflexión sobre las políticas de salida a la crisis, todas ellas recorridas por un sesgo ideológico. Mientras la Unión Europea, en la última década, se está convirtiendo en el espacio del pensamiento reaccionario (un ejemplo, la elección de Tonio Borg como Comisario Europeo responsable de salud, un político conocido por su beligerante postura contra las personas homosexuales y contra los derechos reproductivos de las mujeres), las políticas de recorte se ceban en servicios básicos como sanidad, educación o prestaciones sociales, que empiezan a verse como “culpables” del “despilfarro” de los estados. La realidad es que el recorte en esas partidas se apoya en la invisibilidad de tareas de cuidado que históricamente han estado a cargo de las mujeres.

La teoría política que elabora el feminismo nos ha enseñado que el patriarcado y el capitalismo son pareja de hecho. Básicamente porque el capitalismo, que no tiene problema en monetarizar todo lo que le resulta conveniente, invisibiliza todo el trabajo no asalariado (esencialmente doméstico y realizado por mujeres) que es imprescindible para la propia supervivencia del sistema pero que voluntariamente se oculta, hasta el punto de denominarlo como “improductivo”. Los recortes (que suelen llamarse eufemísticamente “ajustes”) vienen a sesgar un Estado del Bienestar que en España siempre fue débil, por no decir anémico. Además de dejar a personas vulnerables sin las ayudas que necesitan, abocan a las mujeres a asumir de nuevo los cuidados. “El bienestar familiar se mantiene a costa de aumentar el trabajo doméstico” escribe Vivas con mucho acierto.

Las personas que no pueden buscar trabajo por razones familiares (cuidar a otras personas) son mujeres en un 96,4%. El empleo femenino es del 77% en las mujeres sin hijos e hijas mientras que es únicamente del 52% en quienes sí tienen. Por el contrario, la tasa de ocupación masculina no se ve afectada por el hecho de tener familia a su cargo. Ello quiere decir que la corresponsabilidad no existe y que las mujeres asumen el coste de la falta de estructuras políticas y sociales. Este coste se traduce en exclusión laboral, precariedad y ritmos de vida insostenibles así como en la mayor presencia de las mujeres en la economía informal, la vida laboral intermitente (con su consecuencia en sus pensiones futuras), la asunción de los empleos peor pagados y socialmente desvalorizados. El 77,6% de los contratos a tiempo parcial los firman mujeres mientras que ellas cobran una media del 22% menos que los varones, discriminación directamente proporcional al nivel de estudios: a mayor formación, mayor brecha salarial.

Al mismo tiempo que estos recortes de tipo económico, las mujeres europeas están enfrentando el mayor ataque en democracia a sus derechos sexuales y reproductivos. El enfoque reaccionario, explica Esther Vives, busca volver al modelo de sexualidad heterosexual y vinculada a la reproducción, negando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo a las mujeres. 

Que el día 25 de noviembre coincida con unas elecciones autonómicas, siendo así desplazado del foco mediático (como ya ocurrió en las penúltimas elecciones generales que se celebraron un 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres) demuestra el grado de sensibilidad política de quienes dirigen nuestro futuro. Mientras se mira para otro lado, el número de menores acusados por delitos y faltas relacionadas con la violencia machista se ha incrementado un 23,7% desde 2007 hasta 2011. Este indicador demuestra las carencias del sistema para trabajar en la erradicación de la violencia.

Alicia Puleo, maestra a la que he hecho referencia otras veces, escribe hoy en su muro: "Feminismo" es la lucha por la igualdad y el respeto, por la desaparición del machismo. La tan oída frase "no soy ni feminista ni machista" es un absurdo que pone en un mismo plano dos conceptos que nunca han de ser equiparados. La Marcha mundial de Mujeres nos recuerda muy oportunamente que el feminismo nunca mató a nadie, el machismo mata todo los días”. 


También era oportuno (al respecto de lo que venimos hablando) su entrada de hace unos días: “Definición de "patriarcado" en la Antropología: organización social en la que los puestos clave de poder (económicos, políticos, religiosos y militares) están ocupados mayoritaria o exclusivamente por varones. Adivinar, a partir de esta foto, si el patriarcado aún existe o es una forma social superada”:

Bruselas aprobó el jueves el nombramiento de Yves Mersch para el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Con él, son 22 los hombres que dirigen la máxima institución monetaria, considerada clave en la resolución y salida de la crisis. El Consejo Ejecutivo donde se sentará Mersch es la autoridad que, durante la negociación de cualquier rescate de la eurozona, envía técnicos a los países. Junto con los del FMI y la Comisión Europea, son conocidos como "los hombres de negro". Si no hay mujeres en la cúpula del poder financiero europeo, ¿a alguien le extraña el retroceso en las partidas que más perjudican a las mujeres? Probablemente la presencia de éstas no es garantía de que la agenda se abra a las necesidades de las mujeres, pero seguro es el primer paso, además de ser de justicia.

Mientras el patriarcado y el capitalismo sigan funcionando como hasta ahora, las mujeres seguirán pagando la factura. ¡Basta ya! ¡Tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres! Gracias a Forges que, un año más, no se olvida del 25 de noviembre.



miércoles, 21 de noviembre de 2012

A vueltas con la violencia de género



“Conceptualizar es politizar” nos explicó Celia Amorós hace tiempo, cuando argumentaba porqué la violencia de género no debía denominarse violencia doméstica. En el año 2004, cuando estaba en trámite la Ley Integral, la cuestión de la terminología originó ríos de tinta y encendidos debates alimentados por los medios de comunicación. La Real Academia de la Lengua (RAE) tuvo un papel destacado, por su posición radicalmente opuesta al uso del término género en su sentido de sexo social. Es cierto que la expresión violencia de género es un préstamo de la lengua inglesa, ya que se trata de la traducción del enunciado Gender violence, pero esa razón no ha impedido acuñar otros términos de uso frecuente, como fútbol (cuando en español existía balompié, por ejemplo).
Ocho años después, la expresión sigue siendo problemática, como demuestra la denuncia que han hecho varias asociaciones de mujeres ante el anteproyecto de reforma del Código Penal, en el que el Ministerio de Justicia no incluye el término. La Federación Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres para la Salud, Mujeres Juristas Themis y la Comisión de Malos Tratos han elaborado un comunicado ante la eliminación de una expresión que se introdujo explícitamente en la Ley Integral tras muchos esfuerzos.
Según recoge una noticia del diario Público, el Ministerio de Justicia ha explicado que se trata de una mejora técnica y argumenta la mejora del texto en relación a la protección de las mujeres. Las asociaciones de mujeres no están de acuerdo con esa explicación, entre otras cosas porque las palabras ponen nombre a las cosas, por lo que no es posible aceptar este retroceso en el ámbito simbólico.
Asimismo, existen otros problemas en ese anteproyecto que revelan la regresión ideológica pretendida y de la que la eliminación de la expresión violencia de género es sólo un síntoma. Las asociaciones de mujeres señalan otras dos cuestiones de gravedad. En el anteproyecto se introduce la mediación como medida para condicionar la suspensión en la ejecución de una pena, una técnica expresamente prohibida tras la aprobación de la Ley Integral. Esta exclusión se apoyaba en la obviedad de que la relación existente entre agresor y víctima en los casos de violencia de género es desigual y por ello no cabe la mediación, cuyo requisito de partida es la igualdad entre las partes. Por otro lado, desoye la Ley Integral, donde se especifica que ninguna pena de prisión puede ser sustituida por una multa ya que el texto contempla una medida que, además de ofrecer la impresión de impunidad, hace recaer sobre las propias víctimas el castigo en los casos de dependencia económica.
La Ley Integral, con sus defectos, constituyó un hito en la defensa de los derechos de las mujeres y ha inspirado la legislación de otros países. A pesar de ello, se convirtió en el caballo de batalla de personas y grupos reaccionarios que la han visto como una agresión directa a los privilegios masculinos y como un instrumento que ya no permitía invisibilizar la violencia machista tolerada hasta entonces en nuestra sociedad. Desgraciadamente, parece que también los logros que esa ley permitió están en riesgo.

domingo, 18 de noviembre de 2012

¿Tiene sexo el poder?


De visita en Lyon (Francia) por razones de trabajo, me encuentro con unos grandes carteles en el metro que me interpelan con la pregunta: “Le pouvoir, a-t-il un sexe? (¿Tiene sexo el poder?). La región de Rhône-Alpes alcanza con esta campaña la décima edición de su Quincena de la Igualdad entre los Hombres y las Mujeres, iniciativa encomiable durante la que se organizan un centenar de actividades como teatro, conferencias, debates o exposiciones. Quienes leen estas líneas ya saben que se trata de una pregunta retórica que no se formularía si no fuese necesaria.

Mi viaje coincide con la aprobación, a la segunda, del proyecto de directiva para exigir una cuota femenina del 40% en los Consejos de Administración de las grandes empresas cotizadas de aquí a 2020, una iniciativa de la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, sobre la que escribía hace unos días. Sin embargo, el supuesto triunfo de Reding quedó inmediatamente empañado porque la cancillera alemana, Angela Merkel, manifestó su frontal oposición. La oposición de ésta, que se une a la de Cameron desde Reino Unido y que lidera un grupo de nueve países (Gran Bretaña, Holanda, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y Malta) hace difícil pensar que la iniciativa salga adelante, a pesar de su aprobación.

La nueva votación se ha conseguido con un texto que ha rebajado las pretensiones y que limita su aplicación a las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, ahora debe afrontarse un largo camino para obtener el apoyo del Parlamento Europeo, lo que parece muy difícil teniendo en cuenta el veto de los nueve países citados además de las resistencias del sector empresarial.

Aunque las mujeres son el 60% de las personas graduadas en las universidades europeas, el hecho es que únicamente ocupan el 13,7% de los puestos en los Consejos de administración, lo que revela que no ha funcionado la autorregulación. Únicamente 23 compañías se han acogido a la invitación de impulsar la igualdad. Como explicaba Gabriela Cañas en El País, los sistemas de cuotas que están tan extendidos en las democracias representativas para cuestiones varias, no cuentan con apoyo en el terreno de la igualdad de género.

El poder se resiste a redistribuirse, por eso es tan difícil que las mujeres alcancen los puestos que les corresponden por talento y por justicia. Para muestra un botón: la Real Academia de la Lengua Española (RAE) tiene que elegir a una persona para ocupar el sillón b minúscula, que está vacante. Ni una sola mujer aparece entre las personas candidatas. Esta institución cuenta con un 13% de mujeres (el mismo porcentaje que los Consejos de Administración de las empresas). La realidad es que de los 354 miembros de las ocho reales academias que tutela el Instituto de España, sólo 22 son mujeres. El 6,2% de académicas, o lo que es lo mismo, el 93,8% de varones.

La RAE defiende su neutralidad ante estos hechos. Como escribía Pilar Aguilar hace unos días, quizá no han oído hablar del “mundo natural de la ideología dominante” que explicó Barthes. Para Aguilar, es posible que en la Academia crean que las mujeres pierden la inteligencia al acabar la carrera (no antes, pues las graduadas son el 60% y además con muy buenos expedientes académicos), o bien siguen pensando que las mujeres sobran y que con poner unas pocas ya han cumplido su deber, o incluso que no tengan ni idea de la actividad intelectual, científica o artística de las mujeres. El hecho es que o no conocen a ninguna periodista, escritora, cineasta, filósofa, jurista, historiadora, arquitecta, pensadora… o les importa un bledo la aportación de las mujeres a la sociedad. Lo que es intolerable es que a estas alturas sostengan siquiera la posibilidad de una candidatura, otra vez, únicamente masculina.

¿Tiene sexo el poder? Sí, y no es femenino.

 

jueves, 15 de noviembre de 2012

Los derechos reproductivos y el fanatismo


Savita Halappanavar murió en Irlanda porque se negaron a realizarle un aborto terapéutico, aunque el diagnóstico médico había determinado que el feto era inviable y no podía sobrevivir. La mujer, una dentista de 31 años, estaba embarazada de 17 semanas y, al no ser sometida a la interrupción, murió de septicemia. No sucedió hace un siglo sino hace menos de un mes. No ha sido en un país de esos que no le importan a nadie, por pobres y faltos de desarrollo, sino que ha sido en la misma Unión Europea. Halappanavar murió por fanatismo y por violencia estructural, porque en Irlanda, país europeo, los derechos de las mujeres valen menos. Un fanatismo que, ante un feto inviable pero que late, deja morir a una mujer sana que clamaba para ser salvada mientras la medicina, que podía haberlo hecho, se limitó a mirar cómo agonizaba. Y este fanatismo lo ejercen en ese país en nombre de la ley.

En España, el ministro de Justicia pretende que nos equiparemos a Irlanda (e incluso ha apelado a la violencia estructural) y que las mujeres no puedan decidir por sí mismas, ni siquiera cuando la malformación fetal es tan grave que es incompatible con la vida y sin tener en cuenta que ese supuesto es, probablemente, el que genera más consenso de todos los posibles para interrumpir un embarazo. Dada la posición expresada, supongo que a Ruiz Gallardón no le importará sacrificar a las madres por el “bien” de un no nacido que no podrá sobrevivir. El hecho es que el proyecto que pretende sacar adelante nos sitúa en la cola de Europa en los derechos reproductivos y devuelve a las mujeres a una época ominosa.

Teresa Fernández Paredes, abogada de la Women’s Like Worldwide, lo explicaba claramente en The Huffington Post hace unos días: el ministro pretende atacar los derechos de las mujeres acogiéndose a supuestos estándares de derechos humanos de Naciones Unidas, en lo que constituye una estratagema para intentar vestir con argumentos jurídicos lo que son ideologías morales. La letrada, cuyo texto recomiendo, explica en su artículo que existen seis Comités en Naciones Unidas que han declarado el aborto como un derecho sexual y reproductivo: “Las recomendaciones son claras: no sólo no buscan la prohibición o restricción del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos, sino que los reconocen tanto directa como indirectamente, incluido el supuesto de malformación del feto”. Ruiz Gallardón ha intentado “colar” una recomendación de un séptimo comité, el de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como si éste hubiera solicitado retirar la causa de malformación para abortar cuando lo que hizo fue sugerir la eliminación de una excepción en cuanto al plazo.

Esos seis comités de Naciones Unidas han expresado claramente que la prohibición de aborto en caso de malformación “constituye un trato cruel, inhumano y degradante” y es “una violación del derecho a estar libre de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Además, todos han manifestado su preocupación por los abortos ilegales o inseguros, directamente relacionados con las tasas de mortalidad materna, de ahí que feliciten a los países cuyas legislaciones protegen los derechos reproductivos de las mujeres.

En la misma línea, esta misma semana se presentaba el Informe de Población Mundial 2012 que realiza el Fondo de Población de Naciones Unidas. En él se asegura que los países con leyes más restrictivas en el ámbito de los derechos reproductivos, son los que presentan mayor índice de abortos. También señala el informe que, mediante el uso de métodos anticonceptivos modernos y una adecuada planificación familiar, se podrían evitar 24 millones de abortos al año. Negar el acceso a anticonceptivos, por el contrario, aumenta la pobreza, la exclusión social, la precariedad sanitaria y la desigualdad de género. Sin embargo, 222 millones de mujeres no pueden decidir cuándo y cuántos hijos e hijas desean tener.

La vía de la prohibición nunca ha sido el camino para reducir situaciones que preferiríamos que no existiesen. Es la información y las garantías legales y sanitarias lo que puede producir cambios positivos. Pero el ministro de Justicia parece no haberse enterado tampoco de esto, a pesar de que tanto menciona los informes de Naciones Unidas para justificar su retrógrado y reaccionario proyecto de legislación sobre la interrupción del embarazo. Es más, según nos recuerda Fernández Paredes, los países que tomen decisiones legislativas que disminuyan derechos sociales adquiridos (como los derechos sexuales y reproductivos) pueden incurrir en la violación de compromisos internacionales ratificados por nuestro país, como el principio internacional de derechos humanos de “no regresividad”.

Si son los tratados internacionales los que sustentan la argumentación del ministro de Justicia, deberían ser todos ¿o sólo los que le interesan para sus fines y que además malinterpreta? Espero que el ministro conozca la terrible historia de Halappanavar, al menos no podrá decir que no sabía lo que hacía si finalmente modifica la legislación.